La causa del Rey contra Bywaters y Thompson se inició en el Old. Bailey el 6 de diciembre de 1922. Una fila de conocidos abogados estaba frente al juez Shearman. Sir Henry Curtís Bennett, que rivalizaba entonces con Marshall Hall en la estimación pública como abogado defensor, fue nombrado para hacerse cargo de la defensa de Mrs. Thompson. Mr. Cecil Whiteley, un abogado ágil y enérgico, se encargó de la poco menos que desahuciada tarea de representar a Bywaters. La Corona creyó adecuado nombrar a un funcionario legal, paso que le aseguraba el derecho a la última palabra. Esta elección recayó en Thomas Inskip, un abogado erudito que en los vaivenes de la política había sido designado procurador general. Se puede pensar que este caso no era una tarea que agradara a Inskip. Sus aptitudes eran mal empleadas, sus defectos expuestos. Desplegó tan poca comprensión de los impulsos y debilidades humanos como después lo demostró en la estrategia cuando fue ministro de Defensa. El interés en el juicio no se limitó a aquellos que, sedientos de sensacionalismos o por pura curiosidad lasciva, jamás pueden resistir el doble señuelo del asesinato y de lo sexual. La inusitada solución que debía hallarse, el hecho de que ésta dependía del temperamento, el convencimiento de que Mrs. Thompson era una mujer altamente dotada que, inocente o no, compensaría con creces el tiempo que se dedicara a estudiarla, todo esto formaba un abismo entre el caso y un juicio común de asesinato como el abismo que existe entre un cuento policial común y uno de Graham Greene. Fueron atraídos al tribunal tanto lo mejor como lo peor y tomaron asiento, entre los asistentes reunidos para el drama, varias figuras notables de la literatura y de Fleet Street. El drama se inició en las circunstancias menos dramáticas. El escenario había sido preparado y los personajes presentados. Bywaters y Mrs. Thompson habían sido traídos al recinto y de todos los ángulos las miradas se clavaban en ellos como si fueran un par de estrellas de cinematógrafo. Las doce personas que habían de juzgarlos habían respondido a sus nombres y todo parecía dispuesto para una gran batalla forense. Sir Henry Curtis Bennett habló entonces en tono firme y tranquilo. El juez dio una breve orden. Un funcionario condujo a los perplejos jurados fuera de la sala. La defensa presentaba una objeción preliminar y deseaba discutir sobre un punto legal. Esta incidencia ocurrió, como ocurre con tales incidencias, en una atmósfera engañosa de calma académica. Los puntos legales no se plantean para satisfacer la sed pública de clamoreo y agitación. Pueden ser, sin embargo, tan fatales como los más espectaculares debates. La rutina varía rara vez: una exposición erudita de un abogado, rebatida luego por otro, seguida de extensas lecturas de libros voluminosos, una o dos citas en latín y, para terminar, el pronunciamiento del juez que puede crear un precedente y terminar con una vida. La importancia del punto legal de Sir Henry no era exagerada. Sostenía que las cartas, las muy importantes cartas, no podían admitirse como pruebas y debían ser excluidas del juicio. Las reglas que rigen la aceptación de pruebas son todo un misterio para el hombre de la calle, propenso a pensar que son tretas de abogados. Esta opinión es injustificable. Aunque algunas veces parecen —y a veces lo son— mecánicas y arbitrarias en su funcionamiento, estas reglas se basan en una larga y rica experiencia de lo que se necesita para proteger al individuo. Confiar en ellas no revela culpa ni debilidad; es un reclamo del derecho natural de un ciudadano británico. Invocar el auxilio de cualquier ley que pudiese cerrar la puerta a las cartas era la evidente obligación del abogado de Mrs. Thompson. El éxito en esto sería decisivo. No habría otra prueba, ni necesidad de otros argumentos, ni elementos peligrosos. Si se podía negar a la Corona el derecho de leer y utilizar el conjunto de cartas que sir Thomas Inskip incluía en su alegato, el juicio contra Mrs. Thompson estaba virtualmente terminado. La exposición de Curtis Bennett fue necesariamente técnica, de interés sólo para los estudiosos del derecho. Brevemente dijo que las cartas, por su naturaleza, sólo podían arrojar luz sobre una intención; que la intención no es una prueba, si no hay un acto que la explique; que la Corona no podía probar ni había tratado de probar que Mrs. Thompson tomó parte en el asesinato. Por lo tanto, dijo Curtis Bennett, las cartas no vienen al caso y, en consecuencia, no deberían ser admitidas en la prueba. —Pero —dijo el juez— se afirma que la acusada estuvo presente en el asesinato. ¿Las cartas no son prueba, entonces, de su intento criminal? —No, señor Juez —dijo Curtis Bennett—, no son en esta acusación. Estoy de acuerdo —agregó— en que no podré oponerme a que se presenten las cartas en el segundo cargo. (En realidad había cinco cargos ...
