El objetivo de la política laboral de la 4T con Marath Bolaños fue cumplir con todos los compromisos que se tienen en el T-MEC en todos los aspectos, más allá de cumplir con las expectativas de los trabajadores, la prioridad fue frenar todos los reclamos de Estados Unidos en las áreas automotriz, alimentaria, tecnología, entre otras.

Su nombramiento se lee como una sugerencia de AMLO aunque en principio parecía que era una pieza que dejaba en el camino, la aún secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Una conversación con Patricia Carrasco, periodista de la fuente laboral desde hace 25 años, en la que nos explica que la organización que dirige el Arturo Alcalde, padre de la funcionaria, llamada Frente Auténtico del Trabajo (FAT), literalmente se acomodó en la STPS y se deshizo de los sindicatos tradicionales, y hasta de los independientes como el de los telefonistas, tan solo con ignorarlos.

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Altagracia Gómez se convirtió en un personaje en el que la presidenta electa confía para temas de planeación y comercio.

Sin embargo, hay muchas dudas sobre la capacidad operativa real que podría tener en el próximo gobierno, su papel en la toma de decisiones en asuntos como la renegociación del tratado de libre comercio en el 2025 y 2026, así como su desempeño como intermediaria ante el gobierno de parte de los empresarios.

Desde su punto de vista, la relocalización de empresas es el nuevo cantarel que tiene la 4T, con la ventaja de que bien administrado es un recurso inagotable, no como el petróleo

Una conversación con Ana Moreno, analista de México Evalúa, donde comenta que en el caso específico de Altagracia Gómez, su papel como el de Alfonso Romo puede terminar en cualquier momento y se tiene que tener cuidado en su actuación porque al ser un empresaria al 100% podría generar un conflicto de interés.

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De los últimos 30 años de historia de negocios en el país, en el último sexenio es en el que peor ambiente hubo para la iniciativa privada.

Más aún, el sector que más problemas presentó fue el energético, lo que levantó una alerta internacional sobre la manera en que estaba actuando el estado mexicano con las empresas nacionales y extranjeras.

Este sexenio es cuando más conflictos legales y arbitrajes de inversión hubo entre empresas que demandaron al Estado mexicano por violar garantías de protección de inversiones, dijo Omar Guerrero, Socio Director de la firma de abogados Hogan Lovells.

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