Visión integral contra la corrupción: La propuesta de Claudia Sheinbaum:

La propuesta incluye lo siguiente:

1. Garantizar un enfoque de derechos que incluya el derecho humano a la buena Administración Púbica y el derecho humano a un ambiente libre de corrupción.

2. Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno.

3. *Crear una Agencia Federal Anticorrupción, sin implicaciones para el presupuesto público, con un sistema de gastos compensados y con una parte de la estructura actual de la SFP. Investigará y sustanciará faltas administrativas graves y de particulares vinculados con corrupción y los llevará ante el TFJA. Presentará ante la FGR denuncias con pruebas para evitar la impunidad.*

4. *Rediseñar la Secretaría de la Función Pública. Con la creación de la nueva Agencia, se priorizará el rol de la SFP en consolidar un buen gobierno al centrarse en: políticas de prevención de la corrupción; profesionalización y política de recursos humanos en la APF, política de contrataciones públicas. Podrá nombrar y remover titulares de las UAF de la APF, gobernanza del sistema del control interno y de evaluación de la gestión gubernamental y sus resultados, impulsar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades.*

5. Modelo nacional para investigar delitos de corrupción. Se presentará iniciativa de ley general para investigar y sancionar delitos de corrupción. Hacer un catálogo único de delitos y penas para tipificar adecuadamente delitos que actualmente quedan impunes. Diseño organización mínimo para fiscalías y tribunales anticorrupción. Responsabilidad penal de empresas. Sistema de inteligencia anticorrupción. Programa de protección y beneficios a denunciantes. Fortalecer el sistema de fiscalización.

6. Enfrentar la corrupción en cadena de Seguridad- Justicia. Reforma profunda a corporaciones judiciales. Revisar y simplificar sistema de fe pública. Transparencia e integridad en notarios públicos.

7. Mejores contrataciones públicas y transparentes. Contempla una Ley General que regule los principios y normas básicas de contratación para instituciones públicas. Mayores controles para evitar excepciones en licitaciones públicas. Uso de tecnología para todo el ciclo contractual. Asegurar probidad técnica de proveedores y contratistas mediante un registro de proveedores y contratistas.